La reforma propuesta a la ley del INIA abre un debate que va mucho más allá de la posibilidad de crear sociedades comerciales. En juego aparecen la autonomía de la investigación, el destino de recursos aportados por el Estado y los productores, la propiedad del conocimiento generado con fondos públicos y el papel que deberá cumplir el Instituto en el futuro. Modernizar y transferir tecnología parece indiscutible; la discusión es si para hacerlo el INIA necesita asumir también el rol y los riesgos de un empresario.
HAY REFORMAS QUE PARECEN TÉCNICAS, PERO…
Hay reformas que parecen técnicas hasta que uno mira un poco más de cerca. Y entonces aparece la política, la economía y, sobre todo, una pregunta bastante más profunda: ¿qué queremos que sea el INIA dentro de veinte o treinta años?
La modificación propuesta a la ley que creó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria introduce una novedad de considerable importancia, el organismo podría crear, adquirir o integrar sociedades comerciales y participar como accionista en empresas privadas. Al mismo tiempo, algunas de sus decisiones quedarían vinculadas a lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo.
Sobre el papel puede parecer una herramienta moderna. En un mundo donde la investigación, la innovación y la producción están cada vez más entrelazadas, no resulta absurdo pensar que el conocimiento generado en un laboratorio termine convertido en una tecnología, una patente, una empresa o un producto.
EL INIA NO ES UNA EMPRESA COMÚN
.Desde su creación en 1989, su particularidad ha estado precisamente en ser una institución de investigación agropecuaria con una lógica pública y una fuerte participación del sector productivo. Es decir, un organismo en el que el Estado y los productores tienen intereses comunes y donde la investigación no necesariamente tiene que demostrar su rentabilidad mañana.
Y esto último no es un detalle menor.
Hay investigaciones que pueden tardar diez, quince o veinte años en entregar resultados. Una variedad vegetal, una adaptación genética, una tecnología para enfrentar una enfermedad o una solución para modificar determinados sistemas productivos pueden necesitar mucho tiempo antes de convertirse en algo económicamente visible.
El mercado trabaja con la rentabilidad. La ciencia, muchas veces, trabaja con la paciencia.
Por eso la preocupación de los profesionales del INIA merece ser escuchada, aun cuando no necesariamente haya que compartir todas sus conclusiones.
La pregunta que plantean es sencilla, si el Instituto comienza a participar directamente en sociedades comerciales, ¿qué ocurre cuando la lógica empresarial entra en tensión con la lógica de la investigación pública?
También aparece otra cuestión delicada, el dinero.
Una parte importante de los recursos del INIA proviene del aporte de los propios productores. Entonces, si esos recursos son utilizados para participar en emprendimientos empresariales, aparece inevitablemente la discusión sobre quién asume el riesgo cuando un negocio sale mal.
Porque una cosa es transferir conocimiento al sector privado mediante licencias, convenios, servicios o regalías. Y otra bastante diferente es convertirse en socio de una empresa y compartir sus riesgos.
No necesariamente una cosa es buena y la otra mala. Pero son modelos diferentes.
Y cuando cambia el modelo, conviene discutirlo antes de ponerlo en práctica.
La frontera entre conocimiento público y negocio privado
Hay otro punto todavía más sensible: la propiedad intelectual.
El proyecto abre la puerta a que investigadores y personal especializado puedan participar en entidades surgidas a partir de conocimientos generados en el Instituto.
La intención puede ser razonable. ¿Por qué no permitir que quien desarrolló una tecnología participe de su explotación? Puede ser incluso un estímulo poderoso para que el conocimiento no termine durmiendo en un archivador.
Pero también obliga a establecer reglas extremadamente claras.
¿De quién es el conocimiento? ¿Del investigador? ¿Del INIA? ¿Del Estado? ¿Del productor que financió buena parte de esa investigación? ¿De la empresa que finalmente comercializa la tecnología?
En definitiva, ¿hasta dónde llega lo público cuando el conocimiento público empieza a producir dinero privado?
Ahí está probablemente uno de los debates más importantes que abre la reforma.
MODERNIZAR NO DEBERÍA SIGNIFICAR DESDIBUJAR
Sería un error convertir esta discusión en una pelea entre quienes quieren «modernizar» el INIA y quienes supuestamente quieren mantenerlo encerrado en el pasado.
El INIA necesita transferir conocimiento. Necesita innovar. Necesita vincularse con empresas. Necesita que aquello que se descubre en sus estaciones experimentales y laboratorios llegue al productor y genere valor.
Pero precisamente porque eso es necesario, hay que discutir cómo hacerlo sin perder aquello que hizo valioso al Instituto.
La pregunta no es si el conocimiento debe llegar al mercado.
La pregunta es quién debe administrar esa llegada, bajo qué reglas, con qué controles y para beneficio de quién.
Y hay una cuestión institucional que tampoco debería pasar inadvertida. Si los planes de investigación quedan demasiado condicionados por los lineamientos de cada gobierno, existe el riesgo de que la agenda científica quede sometida a los tiempos políticos.
Los gobiernos duran cinco años. La investigación agropecuaria, a veces, necesita veinte. Ese desfasaje debería estar presente en cualquier reforma.
Porque el problema no es que el INIA tenga que cambiar. Probablemente deba hacerlo. La ciencia cambia, el campo cambia, el clima cambia, los mercados cambian y las tecnologías cambian a una velocidad que no permite vivir de instituciones congeladas en el tiempo.
Pero una cosa es modernizar una institución y otra es cambiar su naturaleza.
Y quizá allí esté la verdadera discusión que Uruguay debería darse: si el INIA debe seguir siendo fundamentalmente un gran instituto público de investigación agropecuaria que transfiere conocimiento al mundo productivo, o si está llamado a convertirse también en una suerte de actor empresarial del agro nacional.
NO ES UNA DIFERENCIA SEMÁNTICA ES UN CAMBIO DE FILOSOFÍA
Y cuando se modifica la filosofía de una institución que lleva casi cuatro décadas produciendo conocimiento para uno de los sectores centrales del país, sería conveniente que la discusión no quedara perdida entre decenas de artículos dentro de una ley ómnibus.
Porque hay cosas que pueden escribirse en un artículo de una ley.
Pero definir qué país queremos producir y qué conocimiento queremos generar para producirlo merece bastante más que eso.
