A menos de veinte días del cambio de mando en la Intendencia de Salto, la jefa comunal firmó un convenio con el gremio municipal ADEOMS que deja a funcionarios en condición permanente. La acción, genera cuestionamientos éticos y políticos sobre la transparencia y la autonomía de los que vendrán
RECARGAN LA MOCHILA DE ALBISU?
En un giro inesperado y polémico en la recta final de su mandato, la intendenta de Salto y el gremio municipal ADEOMS firmaron hoy un convenio que otorga la permanencia funcional a varios trabajadores municipales. La medida llega en la antesala del traspaso de mando, previsto para el 10 de julio, cuando asuma el nuevo intendente electo Carlos Albisu, al frente de una coalición multicolor.
Aunque desde un punto de vista jurídico el convenio puede encuadrarse dentro de las competencias formales de la actual administración, la decisión ha encendido un debate más profundo que trasciende lo legal: ¿es éticamente defendible tomar este tipo de resoluciones estratégicas a días de entregar el gobierno?
LA ÉTICA DEL PODER EN RETIRADA
Firmar un acuerdo que compromete al futuro gobierno, sin un proceso participativo o al menos con diálogo institucional previo, puede interpretarse como una falta de lealtad republicana. Se trata de un ejercicio del poder en su mínima expresión temporal, pero con máximas consecuencias a largo plazo.
Desde el plano moral, se plantea la sospecha de una jugada que, más que técnica o administrativa, responde a una lógica de supervivencia política o de recompensas internas. El poder saliente no debería, en los estertores de su gestión, condicionar el accionar del que vendrá, mucho menos en materia tan delicada como los recursos humanos del Estado.
CLIENTELISMO DISFRAZADO?
Otro de los puntos críticos radica en la percepción de que esta maniobra podría inscribirse en una vieja práctica del clientelismo político. Asegurar estabilidad laboral en las postrimerías de un gobierno podría ser leído como un gesto para blindar ciertos intereses o devolver favores, especialmente si no ha mediado una evaluación objetiva ni criterios de mérito.
Esta situación pone en tensión dos conceptos que, en tiempos de crisis de confianza institucional, deberían caminar de la mano: la gobernabilidad y la ética pública.
UN LIMITE A LA AUTONOMIA DEL GOBIERNO ELECTO
Lo que se presenta como un simple convenio laboral, en realidad actúa como una camisa de fuerza sobre la gestión entrante. El nuevo gobierno de Albisu verá condicionada su política de reestructuración o redistribución de personal, limitando su margen de acción y reduciendo la plasticidad necesaria para llevar adelante una agenda propia.
Este tipo de decisiones, tomadas a espaldas de la ciudadanía y en soledad administrativa, debilitan no solo la calidad democrática, sino también la confianza en la función pública como bien colectivo y no como botín de guerra.
LA TRANSPARENCIA UNA DEUDA
La falta de transparencia en el proceso también resulta preocupante. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Hubo un análisis de impacto presupuestal? ¿Por qué se firma a días de dejar el poder?
Estas preguntas, aún sin respuestas claras, refuerzan la idea de que no basta con actuar dentro del marco legal: se precisa también una conducta ética que honre el mandato público hasta el último día.
ARON VIERA
