Tras la grave crisis financiera provocada por la caída de Ueno Bank, el Congreso de Paraguay frenó estratégicamente la aceptación de la renuncia del Presidente Santiago Peña. Se hizo para evitar que acceda a la inmunidad de transformarse en senador vitalicio.
Se optó por avanzar con un juicio político de destitución.
LOS PUNTOS CLAVES DE SITUACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay estipula que los expresidentes democráticos pasan a ser senadores vitalicios. Diversos sectores de la oposición y analistas señalaron que la dimisión presentada por Peña buscaba acogerse de inmediato a este beneficio y adquirir fueros parlamentarios, dificultando así la investigación penal que la Fiscalía General abrió en su contra.
Peo para que la renuncia sea efectiva debe ser aprobada por el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados votó por unanimidad no tratar la renuncia y aprobar el juicio político. Posteriormente, en la sesión bicameral que debía votar la aceptación de la dimisión, los legisladores oficialistas rompieron el quórum, lo que dejó la renuncia congelada y a Peña formalmente en el cargo.
Si la Cámara de Senadores se constituye como tribunal y lo declara culpable de mal desempeño, el marco constitucional establece explícitamente que un presidente destituido pierde el derecho a convertirse en senador vitalicio.
Incluso si la renuncia hubiese sido aceptada y Peña se convirtiera en senador vitalicio, los fueros parlamentarios en Paraguay no confieren inmunidad total. La justicia ordinaria puede solicitar formalmente el desafuero en el Congreso, requiriendo el voto de dos tercios de la cámara para retirarle la protección legal y someterlo a un proceso penal ordinario.
