



DENUNCIA PÚBLICA URGENTE
25 de setiembre de 2026
DECLARACIÓN URGENTE
Las y los trabajadores organizados en todo el país en la Mesa Coordinadora del Pan y Afines denunciamos públicamente al Estado uruguayo por violar la ley del Fondo de Insolvencia Patronal creada a los efectos de atender y dar sustento a miles de familias uruguayas ante la quiebra de empresas.
Afirmamos que se trata de una situación intolerable donde el Estado y de forma consciente, actúa de espaldas al pueblo y a la propia ley saboteando, por una decisión política miserable, una herramienta conquistada por la clase trabajadora en su conjunto.
Nuestro sindicato, de alcance nacional, repudia estas prácticas que, lejos de amparar y proteger al pueblo lo divide en trabajadores de “clase A” y “clase B” condenándonos al desamparo cuando cierra una fábrica, un comercio o un taller.
Rechazamos la hipocresía del sistema donde el propio BPS no realiza los recuperos del dinero que paga contra las empresas insolventes o concursadas. Este extremo ha sido reconocido por el propio Subsecretario de Economía, Martin Vallcorba.
¡El Estado se cruza de brazos y no le cobra un peso a las patronales deudoras y les regala impunidad absoluta a los empresarios y persigue al trabajador golpeado por el desempleo!.
Queremos denunciarlo con todas las letras: el Estado está incumpliendo la ley a sabiendas, y lo hace por un afán de ahorro económico. El propio directorio político del BPS sabe que lo correcto, lo legal y lo ético es pagar. Tienen las sentencias sobre la mesa y conocen el espíritu de la norma, pero prefieren recortar.
La gravedad de este ajuste encubierto es tal que la propia dirección política “baja” una orden directa al mostrador e instruye expresamente a los funcionarios para que les digan a los trabajadores que no pongan el despido si este es post-concursal. Le ordenan al funcionario que induzca al error al reclamante para recortarle licencias, salarios vacacionales y su indemnización, entre otros.
A este atropello se suma el colapso en el Poder Judicial provocado deliberadamente por el BPS, al exigir la emisión de expedientes y testimonios individuales por cada trabajador en grandes concursos, haciendo trabajar de forma inútil e insostenible a las sedes laborales.
Dicha ceguera ignora abiertamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que ya ratificó en múltiples fallos que los créditos posteriores al concurso deben cubrirse.
Esta actitud destruye la reestructuración empresarial y empuja a los trabajadores a dar por terminado su vínculo antes de tiempo para no quedar con las manos vacias, precipitando cierres definitivos.
Exigimos que el directorio político del BPS asuma su responsabilidad, termine con esta discriminación inaceptable entre trabajadores de primera y de segunda, salga a cobrarle a los empresarios lo que corresponde y deje de violar la ley para ahorrar a costa de la comida de nuestras familias.
Ante todo este escenario que consideramos de extrema gravedad informamos que nuestro sindicato se encuentra analizando la situación y no descarta ampliar la denuncia a los ámbitos correspondientes y llevar adelante medidas de lucha a en todo el país.
¡Los derechos laborales se respetan y se pagan!
Mesa Coordinadora del Pan y Afines
Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay
PIT-CNT

