El Diálogo Social impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi para reformar la seguridad social nació rengo, avanza sin la mayoría de los partidos de oposición. En tanto, sindicatos, jubilados y empresarios, comienzan a discutir cambios en AFAP, edad de retiro y jubilaciones mínimas, e medio de un mar de dudas, no estando muy claro aún qué profundidades alcanzaran.
¿Puede este proceso, en un país polarizado y con contradicciones internas en el Frente Amplio, construir consensos reales y sostenibles para un sistema de protección más justo?
QUÉ PROPONE EL DIÁLOGO SOCIAL, EN GENERAL?
Reformar integralmente la matriz de protección social, desde la infancia hasta la vejez.
Abordar temas como cuidados, pobreza infantil, salud, trabajo, jubilaciones y pensiones.
Incluir actores diversos: sindicatos, empresarios, jubilados, academia, partidos políticos y ciudadanía2.
Culminar en abril de 2026 con un documento que sirva de base para reformas legislativas.
Este proceso será una prueba de fuego para la capacidad del gobierno de construir consensos amplios en un contexto de polarización.
CAJAS PARAESTATALES
Se estudia la convergencia de regímenes especiales como la Caja de Profesionales Universitarios, aún pendiente de reforma.
Estas reformas están siendo discutidas en el marco del Diálogo Social impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi, con participación de sindicatos, jubilados, empresarios y algunos partidos políticos
UN GIRO EN LOS ROLES
¿Pueden las organizaciones sociales impulsar una reforma legítima y efectiva cuando quienes hoy tienen poder político y técnico estuvieron en contra de la propuesta que ellas defendieron?
En 2024, el plebiscito por el “Sí” fue impulsado por organizaciones como el PIT-CNT, Onajpu y colectivos sociales, buscando revertir aspectos de la Ley 20.130.
La cúpula económica del Frente Amplio, incluyendo a Yamandú Orsi y Carolina Cosse, junto a más de 100 economistas, se posicionó por el “No”, argumentando riesgos de sostenibilidad y falta de viabilidad técnica.
Hoy, esas mismas organizaciones sociales están sentadas en la mesa del Diálogo Social, mientras los partidos que votaron la reforma original (PN, PC, PI) se ausentan.
Muchos de los economistas que se opusieron al plebiscito ahora integran el Grupo Técnico Asesor del Diálogo Social. Su rol es evaluar propuestas desde la sostenibilidad y viabilidad financiera.
Esto genera una tensión productiva: las organizaciones sociales empujan por justicia social, mientras los técnicos advierten sobre límites presupuestales.
El Diálogo Social es un campo de disputa simbólica y técnica. Las organizaciones sociales tienen voz, pero necesitan que el gobierno traduzca sus propuestas en leyes. Y el gobierno, si quiere sostener su legitimidad, deberá demostrar que puede escuchar incluso a quienes antes enfrentó.
ARÓN VIERA
