La Junta Departamental aprobó por mayoría la autorización solicitada por la Intendencia para convocar a una licitación pública, con proyección nacional e internacional, destinada a transformar el sistema de recolección y disposición final de residuos. La concesión podría extenderse hasta 12 años.
La decisión de la Junta Departamental no implica todavía la adjudicación del servicio a una empresa. Lo aprobado es la autorización para que la Intendencia de Salto avance en la elaboración de los pliegos y convoque formalmente al proceso licitatorio.
El proyecto contempla una reestructuración integral de la gestión de los residuos domiciliarios, incluyendo el sistema de recolección y el tratamiento final. También prevé el cierre del actual vertedero municipal y la construcción o puesta en funcionamiento de un relleno sanitario, de acuerdo con las condiciones que finalmente establezca el llamado.
La iniciativa generó un fuerte debate político y sindical. ADEOMS cuestionó la resolución y calificó la autorización como un “cheque en blanco”, advirtiendo sobre una eventual privatización de un servicio esencial. El sindicato también reclamó precisiones sobre el costo que tendría la contratación y sobre el futuro laboral de los funcionarios municipales vinculados al área.
El Frente Amplio tampoco acompañó la propuesta con sus votos, planteando reparos al mecanismo impulsado por el gobierno departamental.
Desde el oficialismo, en cambio, se sostiene que el sistema actual arrastra problemas estructurales que requieren una transformación profunda y una solución con criterios técnicos y ambientales de largo plazo.
La autorización abre la puerta a una discusión que excede la recolección de basura. Los próximos pliegos deberán definir costos, controles, obligaciones de la eventual empresa concesionaria, condiciones laborales y, especialmente, qué modelo de gestión de residuos pretende Salto para los próximos doce años.
