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La posible llegada de cubanos deportados de Estados Unidos abre un debate que trasciende la inmigración, la soberanía, relaciones con Washington, y los límites de la política exterior de Orsi.
El gobierno de Yamandú Orsi mantiene desde hace meses conversaciones con la administración de Donald Trump para recibir migrantes deportados. La situación volvió a cobrar fuerza tras conocerse que el planteo estaría siendo analizado formalmente por el Poder Ejecutivo. Mientras sectores del Frente Amplio cuestionan la iniciativa, el gobierno mantiene abierta la negociación. La gran pregunta es cuánto hay de política migratoria y cuánto de diplomacia de poder.
HAY NOTICIAS QUE PARECEN HABLAR DE INMIGRACIÓN, PERO EN REALIDAD HABLAN DE PODER
La posibilidad de que Uruguay reciba ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos parece, a primera vista, una discusión sobre refugio, migración, trabajo e integración. Pero detrás de esos términos aparece otra cuestión mucho más delicada, qué lugar quiere ocupar Uruguay frente a la administración de Donald Trump y hasta dónde está dispuesto el gobierno de Yamandú Orsi a ceder, negociar o conceder para mantener una relación fluida con Washington.
La información publicada originalmente por The New York Times y recogida por medios uruguayos señala que Estados Unidos viene conversando desde hace meses con Uruguay sobre la posibilidad de enviar al país migrantes deportados, principalmente cubanos. El eventual acuerdo podría incluso no mencionar expresamente a Cuba, aunque, en los hechos, ellos serían el principal grupo beneficiado.
La Cancillería uruguaya confirmó la existencia de esas conversaciones, aunque inicialmente sostuvo que no había nada cerrado. Mario Lubetkin llegó a afirmar que Uruguay no había recibido una propuesta definitiva y que Washington mantiene conversaciones similares con numerosos países.
Ahora bien: si, como señala Alejandro “Pacha” Sánchez, el planteo formal finalmente llegó a la mesa del Poder Ejecutivo y está siendo estudiado, el asunto ingresa en otra etapa.
Ya no sería solamente un intercambio exploratorio entre diplomáticos.
Y es precisamente allí donde comienza la verdadera discusión política.
CUATRO MIL CUBANOS?
La cifra de 4.000 aparece en versiones que circulan alrededor de esta negociación, pero no se puede corroborarla como número oficialmente comunicado por el gobierno uruguayo o por Washington.
Lo que sí está documentado es que la administración Trump ha intensificado la política de deportaciones de ciudadanos cubanos y que Estados Unidos ya ha enviado deportados a terceros países, entre ellos México y países africanos. En marzo, Washington informó haber enviado unos 6.000 cubanos a México.
Human Rights Watch, además, documentó graves problemas para muchos cubanos deportados a México, incluyendo situaciones de precariedad, falta de documentación y dificultades para trabajar y acceder a servicios básicos. Por lo tanto, el dilema uruguayo no es ficticio ni menor.
Estados Unidos necesita destinos alternativos para personas a las que no quiere o no puede devolver directamente a sus países de origen. Uruguay aparece en ese mapa.
EL ARGUMENTO DE «LOS TRABAJADORES QUE HACEN FALTA»
Hay un argumento práctico detrás de la negociación, Uruguay necesita población y trabajadores inmigrantes.
Según la información difundida sobre las conversaciones, una de las razones por las que Montevideo estaría evaluando la posibilidad es precisamente la necesidad de mano de obra. La otra sería fortalecer los vínculos con la administración Trump.
EL PLANTEO NO ES ABSURDO
Uruguay es un país envejecido, con problemas demográficos y una fuerte tradición inmigratoria. El propio ministro del Interior, Carlos Negro, defendió públicamente esa tradición al señalar que Uruguay “nació como un país de inmigrantes”.
Pero una cosa es recibir inmigrantes que eligen Uruguay como destino y otra bastante distinta es aceptar personas cuya primera elección no fue Uruguay, sino que llegan porque Estados Unidos decidió expulsarlas.
AHÍ ESTÁ LA DIFERENCIA POLÍTICA
Porque el problema ya no es solamente cuántas personas pueden llegar, sino bajo qué condiciones llegan, qué estatus jurídico tendrán, quién financiará su instalación, qué obligaciones asumirá Uruguay y, sobre todo, qué garantías tendrá el país de que no se convertirá progresivamente en una estación de tránsito del aparato migratorio norteamericano.
Y SI DETRÁS HAY ALGO MÁS?
Aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Estados Unidos está pidiendo un favor humanitario a Uruguay o está negociando una pieza de su política migratoria?. La respuesta parece bastante clara, es ambas cosas.
Washington tiene un problema concreto. Necesita terceros países que acepten deportados. Y Uruguay tiene algo que la administración Trump considera valioso, estabilidad institucional, tradición migratoria, seguridad y capacidad de integración.
PERO URUGUAY TAMBIÉN TIENE INTERESES
Y ahí debería comenzar una negociación seria: ¿qué obtiene Uruguay a cambio?. No necesariamente dinero.
Puede obtener mayor acceso comercial, cooperación, facilidades migratorias, inversiones, respaldo diplomático o algún otro beneficio. También puede simplemente entender que mantener una relación privilegiada con Washington es, en sí mismo, un activo estratégico.
Lo que sería ingenuo es suponer que una potencia como Estados Unidos realiza este tipo de movimientos internacionales exclusivamente por razones humanitarias. La política exterior rara vez funciona así.
EL FANTASMA DE GUANTÁNAMO
La comparación con el gobierno de José Mujica es inevitable. En diciembre de 2014, Uruguay recibió a seis detenidos de Guantánamo, cuatro sirios, un tunecino y un palestino. La decisión formó parte de la estrategia de Barack Obama para cerrar aquel centro de detención y fue presentada por Mujica como un gesto humanitario.
Años después, sin embargo, Mujica hizo una afirmación que quedó grabada en la memoria política uruguaya: sostuvo que para vender “unos kilos de naranja” a Estados Unidos había tenido que aceptar la llegada de los hombres de Guantánamo.
La frase provocó una reacción inmediata de Washington, que negó que hubiera existido un intercambio entre los presos y la apertura del mercado estadounidense a los cítricos. El propio Mujica luego matizó sus dichos y reconoció que no había existido un “acuerdo” formal de ese tipo, aunque sostuvo que la operación había generado posteriormente un cambio favorable en la relación diplomática con Estados Unidos.
Mujica terminó admitiendo que las relaciones internacionales tienen costos, intercambios y efectos que muchas veces no aparecen escritos en los documentos oficiales.
Y esa es justamente la pregunta que vuelve a aparecer ahora.
¿Estamos ante una repetición de aquella historia?. No necesariamente. Hay una diferencia importante.
Lo de Guantánamo fue una operación excepcional, vinculada a un programa específico del gobierno de Barack Obama y al intento de cerrar una prisión cuestionada internacionalmente.
Lo que Trump está intentando construir es otra cosa. una política estructural de deportaciones hacia terceros países.
URUGUAY NO SERÍA UN CASO AISLADO
Paraguay y Ecuador ya han celebrado acuerdos con Estados Unidos para recibir deportados, según la información publicada sobre la estrategia de Washington.
Por eso, aceptar ahora no sería simplemente “recibir a 4.000 cubanos”. Sería, potencialmente, incorporar a Uruguay a una arquitectura migratoria diseñada por Estados Unidos.
Y esa diferencia es enorme.
EL PROBLEMA PARA ORSI
El presidente Yamandú Orsi se encuentra ante una disyuntiva particularmente incómoda. Por un lado, necesita una política exterior pragmática. Uruguay no puede darse el lujo de romper relaciones con Estados Unidos, y mucho menos en un escenario internacional cada vez más atravesado por conflictos comerciales, geopolíticos y migratorios.
Por otro, Orsi gobierna una coalición cuya identidad histórica tiene una relación compleja con Estados Unidos y, particularmente, con Cuba.
El Partido Comunista Uruguayo, por ejemplo, ha condenado duramente la política de Trump hacia Cuba y ha definido las presiones estadounidenses como una cuestión de soberanía y autodeterminación.
La tensión, entonces, no es solamente entre el Frente Amplio y Trump. También está dentro del propio gobierno.
Porque una cosa es mantener una política exterior de diálogo y otra es que el gobierno uruguayo termine administrando una consecuencia directa de la política migratoria de Washington.
SE PUEDE DECIR QUE NO A TRUMP?
Por supuesto que sí. Uruguay es un Estado soberano y puede aceptar o rechazar cualquier propuesta internacional.
La verdadera cuestión es cuánto cuesta decir que no y cuánto cuesta decir que sí. Porque las relaciones con Estados Unidos tienen una asimetría evidente. Washington tiene herramientas económicas, diplomáticas y comerciales que Uruguay no posee.
Pero esa asimetría no significa necesariamente subordinación.
Significa que Uruguay debe negociar mejor. Si la propuesta es conveniente para el país, puede aceptarse. Si no lo es, debería rechazarse.
LA SOSPECHA
Si durante semanas se dice que “no hay nada”, que “se está conversando”, que “se está estudiando”, y luego aparece un acuerdo prácticamente terminado, la oposición tendrá argumentos para decir que la decisión estaba tomada de antemano.
Y el oficialismo pagaría un costo político innecesario.
No porque recibir migrantes sea malo. Sino porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está negociando en su nombre.
Más aún cuando se trata de una potencia como Estados Unidos y de una política tan sensible como las deportaciones.
La transparencia, en este caso, no debería ser un detalle administrativo. Debería ser parte del acuerdo.
