🗣️ Hay discusiones que empiezan por grandes palabras
✅ Y hay decisiones que empiezan por algo más simple: poner reglas claras
📜 El proyecto de ley sobre la tenencia y explotación de inmuebles rurales en zonas de frontera va en esa dirección: ordenar quién puede ser titular y operar en uno de los espacios más sensibles del país
✔️ Se basa en cuatro decisiones claras:
1️⃣ Se declara de interés general que los titulares de tierras y explotaciones en frontera sean ciudadanos nacionales
📚 Esto también alcanza a estructuras asociativas: sus integrantes o capital deben estar representados por nacionales
🗣️ No alcanza con un nombre: importa quién está detrás
2️⃣ Se define con precisión la zona de frontera: una franja de 30 km desde el límite
🌊 Si hay un curso de agua, se mide desde la ribera
👉 Sin ambigüedades, con delimitación clara
3️⃣ Se crea un registro obligatorio en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
✔️ Titulares actuales y futuros deberán inscribirse
👉 Objetivo: que el Estado sepa quién está, dónde y qué hace
4️⃣ Se establece un mecanismo de excepciones
👍 El Poder Ejecutivo podrá aplicarlas, pero con informe técnico previo y comunicación a la Asamblea
👉 Flexibilidad con responsabilidad
📄 La ley define: quién, dónde, en qué condiciones y con qué control
👉 ¿Por qué?
🚧 Porque la frontera no es un territorio más: allí se cruzan producción, circulación de bienes y riesgos muchas veces invisibles
🇺🇾 Uruguay ha construido un activo clave: su estatus sanitario y reputación productiva
👉 Eso requiere información, trazabilidad y prevención
🌎 La experiencia internacional muestra que no se trata de cerrar, sino de ordenar
📄 Este proyecto busca:
No limitar el desarrollo, sino darle reglas
No frenar la inversión, sino hacerla transparente
No desconfiar, sino conocer
👉 Porque un país no pierde soberanía cuando invierte
🇺🇾 La pierde cuando no sabe qué pasa en su territorio
🚧 Y la frontera es donde eso se vuelve más evidente.
