En el Senado, la legisladora frenteamplista Lilian Kechichian criticó la reciente modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Salto, aprobada por la Junta Departamental en junio, que reclasifica más de 400 hectáreas rurales como suelo urbano residencial. La senadora advirtió que la medida —impulsada para dinamizar el mercado inmobiliario y atraer inversiones— habilita barrios cerrados incluso en zonas inundables y de alta sensibilidad ambiental, y que podría afectar los acuíferos Salto–Arapey y el arroyo San Antonio.
Kechichian destacó que Salto ya cuenta con más de 300 hectáreas urbanas sin desarrollar, y que la población departamental crece muy poco, por lo que consideró innecesaria la expansión. También alertó sobre el aumento de costos en infraestructura y servicios públicos, y criticó la escasa participación ciudadana en la aprobación del decreto, votado “a tapa cerrada”.
Finalmente, anunció que colectivos locales y universitarios presentarán una impugnación ante la Cámara de Representantes al amparo del artículo 303 de la Constitución, señalando que la decisión vulnera principios ambientales, sociales y de planificación establecidos en el propio plan local de 2016.
Para Kechichian, la recategorización del suelo no solo compromete el futuro urbano de Salto, sino que amenaza con profundizar la desigualdad y deteriorar el equilibrio ambiental, pilares esenciales de un desarrollo verdaderamente sostenible.
