La crisis del Frigorífico Salto, administrado por Somicar S.A., ha tomado un nuevo giro judicial. El establecimiento, actualmente en concurso necesario, enfrenta un pasivo cercano a los 24 millones de dólares, cifra que multiplica las estimaciones iniciales y refleja la magnitud del colapso económico.
Un grupo de productores, asesorados por el abogado Martín Vázquez Ferreira, presentó en la Fiscalía de Salto una denuncia penal contra las autoridades de la firma, al considerar que hubo una “ingeniería contable y jurídica” destinada a eludir responsabilidades. La propuesta de la empresa, cuestionada por los acreedores, consiste en pagar apenas la mitad de lo adeudado en un plazo de siete años, sin intereses ni reajustes, con el primer desembolso recién en septiembre de 2026.
Las deudas individuales oscilan entre los 10.000 y más de 160.000 dólares, afectando a productores de distintas regiones. La falta de pago de cheques, los sucesivos aplazamientos y la aparición de familiares de los accionistas entre los acreedores acrecientan las sospechas de maniobras poco transparentes.
La dimensión social y económica del caso es innegable: la planta —propiedad de la Intendencia de Salto— constituye un símbolo del trabajo local, pero hoy se encuentra atrapada en un conflicto donde se entrelazan la fragilidad del mercado cárnico, la concentración oligopólica y la sospecha de responsabilidades penales.
La próxima instancia judicial está prevista para el viernes 26 de septiembre a las 15:30 horas en Fiscalía. Mientras tanto, el desenlace del concurso y la definición sobre la propuesta de pago marcarán el rumbo de un caso que ya excede lo económico para convertirse en un asunto de credibilidad institucional.
