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El Parlamento uruguayo aprobó la ley de salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) en un intento de evitar su colapso financiero. La medida distribuye sacrificios entre activos, pasivos y el Estado, pero la pregunta sigue abierta: ¿fue un salvataje necesario o apenas un respiro antes de una reforma estructural ineludible?
La aprobación de la ley de salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) se inscribe en un contexto de urgencia fiscal y tensión social. Con la sanción definitiva en Diputados, se consumó un rescate que evita la quiebra inmediata de la institución previsional de más de 77.000 profesionales universitarios, pero que abre interrogantes sobre la sostenibilidad de un sistema en crisis.
QUÉ CAMBIÓ CON LA NUEVA LEY?
Los profesionales activos mantendrán el aporte en 18,5% en 2025, que subirá progresivamente hasta 22,5% en 2028, mientras que los pasivos enfrentarán un nuevo aporte de entre 2% y 5% según el nivel de su jubilación, sumándose al ya existente IASS. La edad de retiro se elevará de forma gradual, y el Estado duplicará su contribución del 33% al 50% del total del rescate, con un costo de aproximadamente USD 62 millones anuales más otros USD 19 millones por timbres profesionales.
FUE UN BUEN ACUERDO PARA LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS?
Para los profesionales, se trató de un mal necesario: la ley evita el colapso de la Caja, garantiza el pago de jubilaciones y reduce el impacto respecto al proyecto original del Ejecutivo, que implicaba cargas más pesadas. Sin embargo, supone nuevos sacrificios tanto para activos como para pasivos, a cambio de preservar un sistema que, de no mediar una reforma de fondo, seguirá mostrando grietas.
Y PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS?
El Estado, por su parte, enfrenta un aumento significativo de gasto, pero menor al que implicaría cubrir la caída total de la Caja, que hubiera costado USD 150 millones en 2027. Para las arcas fiscales, la ley representó un “mal menor” que compra tiempo, pero no resuelve el problema estructural de fondo: un sistema previsional fragmentado que tensiona a toda la seguridad social.
ENTRE EL PARCHE Y LA REFORMA ESTRUCTURAL
La creación de una comisión de expertos para diseñar una reforma estructural se vuelve clave en este escenario. Desde la oposición parlamentaria hasta las gremiales profesionales y técnicos independientes han coincidido en propuestas de fondo: ampliar la base de aportantes, incorporar profesionales dependientes, revisar la gobernanza de la Caja y repensar el sistema de aportes e ingresos sin desalentar la permanencia en el sistema.
La encrucijada que se abre tras la aprobación de la ley es clara: o se avanza hacia un rediseño que garantice la sostenibilidad y la equidad intergeneracional de la Caja, o este salvataje se convertirá en un simple respirador en un sistema que sigue necesitando una cirugía de fondo.
La ley de salvataje de la Caja de Profesionales compró tiempo, pero no resolvió la urgencia de una reforma estructural en el sistema previsional uruguayo.
ARÓN VIERA
