El hecho de que la FUS, un sindicato sin personería jurídica en Uruguay, enfrente denuncias de malversación de fondos por parte de sus dirigentes, plantea serias interrogantes sobre la transparencia en organizaciones que operan fuera del marco legal establecido. Esto sugiere que la obtención de personería jurídica podría ser un paso crucial para garantizar la rendición de cuentas y proteger los intereses de los afiliados.
ES IMPRESCINDIBLE CONTAR CON PERSONERIA JURÍDICA?
Si bien la ley uruguaya no exige a los sindicatos tener personería jurídica para funcionar, casos como el de la FUS evidencian que su ausencia puede generar vulnerabilidades significativas. La personería jurídica otorga al sindicato una identidad legal propia, separada de la de sus miembros, lo que le permite, por ejemplo, celebrar contratos, adquirir bienes, demandar y ser demandado en su propio nombre.
Al tener una cuenta bancaria a nombre de la organización y estar sujeto a regulaciones contables, se facilita el control y la fiscalización de los recursos. Los dirigentes actúan en nombre de la institución y sus acciones están sujetas a un marco legal que puede exigirles responsabilidades.
En algunos casos, la personería jurídica puede ser un requisito para acceder a subsidios, convenios o participar en ciertas instancias de diálogo social.
En situaciones donde la transparencia está en juego, como la denuncia en la FUS, la obtención de personería jurídica se vuelve, si no imprescindible, sí altamente recomendable para salvaguardar la confianza y los recursos de los trabajadores.
CUANDO ESTÁ EN JUEGO LA TRANSPARENCIA DE LOS SINDICATOS
Para los sindicatos que enfrentan cuestionamientos sobre su transparencia, y para aquellos que deseen prevenirlos, hay un camino, obtener la personería jurídica.
Digamos finalmente que la situación de la FUS resalta la necesidad de que los sindicatos, especialmente aquellos que manejan recursos económicos, adopten medidas proactivas para garantizar su transparencia. La personería jurídica es un primer paso fundamental que allana el camino para implementar una serie de controles y mecanismos que fortalecerán la confianza de los afiliados y la legitimidad de la organización.
