El nuevo gobierno departamental de Salto comenzó a auditar los pases a permanentes de 292 funcionarios realizados en los últimos días de la administración anterior. El conflicto escala entre acusaciones cruzadas, tensiones sindicales y la delgada línea entre derecho laboral, clientelismo y continuidad institucional.
La Intendencia de Salto se encuentra atravesando uno de los primeros conflictos institucionales serios de esta nueva administración. El foco: 292 funcionarios que pasaron a ser permanentes en las últimas semanas del gobierno saliente, en un acto que el actual equipo de gobierno considera, al menos, políticamente cuestionable, y que el sindicato de municipales (ADEOMS) y los ex jerarcas defienden como un acto administrativo legítimo.
Según voceros del gobierno entrante, en la nómina no solo figuran funcionarios administrativos, familiares de dirigentes de ADEOMS, sino también profesionales, técnicos y personas que ocuparon cargos de confianza, muchos de los cuales, afirman, no concursaron ni tenían estabilidad previa.
La preocupación radica no solo en el impacto fiscal de estas designaciones, sino en su eventual reversión o legitimación, lo que podría implicar conflictos legales y sindicales.
Por su parte, ADEOMS sostiene que se trata de personas que ya venían desempeñando funciones y que tienen derechos adquiridos, más allá del momento político en que se oficializó su pase. Aducen también que el nuevo gobierno no puede hacer tabla rasa con la gestión anterior sin vulnerar el principio de continuidad institucional.
Este debate se enmarca en una vieja tensión del derecho administrativo uruguayo: ¿cuándo un acto de gobierno es legal pero no legítimo? La práctica de realizar designaciones o cambios estructurales en las postrimerías de una gestión no es nueva, pero cada vez genera más resistencia social, especialmente cuando se percibe como un intento de “blindar” recursos humanos afines antes del cambio de poder.
Desde el nuevo Ejecutivo departamental se informó que se buscará actuar “con justicia pero con responsabilidad”, en una comuna que ya enfrenta dificultades financieras importantes. Mientras tanto, en el tablero político local y en los pasillos sindicales, crece el ruido de fondo: unos ven persecución ideológica, otros llaman a limpiar viejas prácticas de amiguismo. La tormenta, por ahora, no amaina.
ARÓN VIERA
