La reciente asunción del intendente Carlos Albisu en Salto desató una tormenta institucional. Lo que parecía un cambio de gestión ordinario reveló una situación crítica: cuentas vacías, deudas millonarias y contrataciones sorpresivas que ponen en jaque el pago de sueldos y el funcionamiento municipal. La crisis desnuda no solo problemas contables, sino profundas tensiones políticas y éticas sobre el manejo de lo público.
UNA CAJA VACIA Y MUCHAS INCÓGNITAS
A pocos días de haber asumido, el nuevo intendente de Salto, Carlos Albisu, se topó con una realidad alarmante: solo hay 20 millones de pesos en caja, insuficientes para cubrir los 90 millones necesarios para pagar los salarios de más de 1.700 funcionarios. La fragilidad financiera pone en riesgo la operativa misma de la Intendencia.
DEUDAS IMPAGAS Y SOMBRAS ADMINISTRATIVAS
El hallazgo más grave es una deuda de 300 millones de pesos con el Banco República (BROU), correspondiente al “duodécimo” —el presupuesto mensual de funcionamiento—, que no fue saldado por la administración anterior antes del cierre del ejercicio. Esta omisión podría derivar en la suspensión de la línea de crédito y, en consecuencia, en un bloqueo de pagos clave.
Además, se havría identificado una deuda de 3 millones de dólares con una empresa extranjera por obras realizadas hace más de tres años, así como otros compromisos financieros que no habrían sido registrados en los informes de transición.
CONTRATACIONES EN LA RECTA FINAL Y CLIMA DE SOSPECHA
La anterior gestión, firmó 292 contratos permanentes en los últimos meses, lo que incrementó fuertemente la masa salarial. Estas contrataciones, pactadas en convenio con el sindicato ADEOMS, no fueron comunicadas durante la transición, generando tensiones entre los equipos saliente y entrante.
MEDIDAS DE EMERGENCIA Y AUDITORIAS
Frente a este escenario, Albisu solicitó una ampliación urgente de la línea de crédito al BROU y viajó a Montevideo para gestionar apoyos institucionales. La Junta Departamental aprobó por unanimidad la venia, aunque deberá repetir la votación por vicios formales.
Paralelamente, se puso en marcha una auditoría integral para relevar deudas no declaradas y posibles irregularidades. El equipo jurídico evalúa acciones legales, mientras se intenta evitar el colapso financiero.
CRUCE DE VERSIONES CRISIS O AJUSTE PLANIFICADO
Mientras Albisu califica la situación como una “crisis profunda”, el exintendente Lima sostiene que se trata de un escenario “planificado” por la nueva administración, que —según él— busca justificar un ajuste y debilitar conquistas laborales.
ESTA NOVELA NO TERMINA
En un clima de tensión institucional, incertidumbre sindical y sospechas cruzadas, el destino financiero y político de la Intendencia de Salto se juega en las próximas semanas. Lo que está en juego no es solo el equilibrio presupuestal, sino la credibilidad de la gestión pública.
