50 años después de la construcción de la represa de Salto Grande, aún persisten reclamos de uruguayos que aseguran no haber recibido compensación por las tierras inundadas por el embalse. Unas 15.000 hectáreas, entre zonas de Salto, Bella Unión y Cuareim, quedaron bajo el agua durante las obras de los años 70 y 80, mientras familias enteras vieron desaparecer chacras, viviendas y corrales, muchios sin recibir una indemnización justa.
El Estado uruguayo reconoció en 2008 una deuda de 13 millones de dólares con alrededor de 700 familias afectadas, un paso que llegó tarde para muchos que ya habían fallecido esperando justicia.
La Ley 15.845, promulgada en 1987, definió los criterios de indemnización por las crecidas extraordinarias que desplazaron a cientos de pobladores. Sin embargo, en 2002, los pagos se detuvieron tras denuncias de irregularidades, y cientos de expedientes quedaron en un limbo administrativo del que nunca salieron, a pesar de las promesas de sucesivos gobiernos de reactivar los procesos.
Una Comisión Honoraria creada años atrás gestionó algunos pagos, pero gran parte de los padrones urbanos quedaron fuera de las compensaciones, y muchos reclamos fueron rechazados por no estar inscritos en registros oficiales o por prescripción de los plazos legales. Los pobladores, que durante décadas se sintieron ignorados, resumen la herida con frases simples: “Las aguas se llevaron todo”.
El reclamo por las tierras bajo el embalse sigue siendo, en silencio, uno de los temas pendientes en la historia de Salto Grande. Habrá quizás una instancia más para algunos expedientes rezagados. Para otros, ya no habrá, porque el agua no solo tapó alambrados y frutales, sino también voces, esperanzas y los reclamos perdidos de quienes ya no están para contarlo.
