La Intendencia de Salto impulsa una licitación para tercerizar los servicios de recolección de residuos y barrido. Conviene empezar por una precisión, no se trata de una privatización, sino de una tercerización. Es decir, un contrato por un período determinado mediante el cual una empresa, seleccionada a través de una licitación, asume la prestación de un servicio.
No es una fórmula nueva ni excepcional en la administración pública uruguaya. Numerosas intendencias, incluidas algunas gobernadas por el Frente Amplio, recurren a mecanismos de tercerización. También lo hacen entes autónomos y distintas dependencias del Estado.
Entonces, ¿qué es lo que asombra? ¿Qué es lo que enoja? ¿Qué es lo que hace tanto ruido, en te caso?
La discusión sobre la conveniencia, los costos, los controles, las condiciones laborales y la calidad del servicio es legítima y necesaria. Nadie debería quedar exento de dar explicaciones sobre el uso de los recursos públicos.
Pero una cosa es discutir el modelo y otra muy distinta es convertirlo en una batalla política según la conveniencia del momento. Hay demasiado grito tribunero y una llamativa tendencia a mirar solamente uno de los platillos de la balanza.
Si la tercerización es cuestionable, debe serlo en Salto, en Montevideo y en cualquier departamento. Si es una herramienta válida de gestión, también debe reconocerse más allá del partido que gobierne.
La coherencia política también consiste en aplicar la misma vara cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición. Porque el debate público merece argumentos, no indignaciones a conveniencia.
