La situación del Hogar de Ancianos, ex Asilo Amorim, merece una discusión seria, lejos de las banderías políticas y, sobre todo, de los oportunismos. El inmueble pertenece a ASSE y había sido cedido en comodato a la Intendencia de Salto. Un acuerdo que venció hace años, pero cuya situación se prolongó en el tiempo sin que se regularizara definitivamente.
En los últimos tiempos, ASSE reclamó la devolución del edificio para darle otro destino. Frente a ese escenario, la Intendencia procura reubicar a los doce residentes en hogares privados, asumiendo los costos que implica su atención e internación.
Las críticas más duras apuntan hoy al gobierno departamental. Sin embargo, hay una cuestión que no debería perderse de vista, el inmueble es de ASSE y es ese organismo el que reclama su restitución.
La pregunta, entonces, es inevitable, ¿existe una necesidad institucional concreta de recuperar el edificio para darle otro uso o estamos ante una decisión que alguien pretende aprovechar políticamente, incluso a costa de una situación humana extremadamente delicada?
También habría que explorar si existe la posibilidad de establecer un nuevo comodato o si, definitivamente, no hay margen para sostener el funcionamiento del hogar en ese lugar.
En cuanto a los funcionarios, quienes tienen vínculo municipal deberán ser redistribuidos en otras dependencias, como corresponde. La situación de aquellos contratados o que cumplían funciones sin figurar formalmente en las planillas laborales de la comuna requerirá una definición de la Intendencia.
Es un problema complejo, con responsabilidades institucionales que no comenzaron ayer. También cabe preguntarse por qué la administración anterior no renovó oportunamente el comodato y permitió que el funcionamiento continuara sobre una situación jurídica desprolija. Pero detenerse ahora en repartir culpas no resuelve el presente.
El problema está planteado hoy y la solución también debe encontrarse hoy. Si el objetivo es garantizar el bienestar de los doce adultos mayores, con responsabilidad y sin banderas partidarias, todavía puede llegarse a un buen desenlace.
Lo que no suma es utilizar a doce ancianos como argumento para descargar insultos, alimentar disputas o ganar una pulseada política. Las instituciones tienen obligaciones, los gobiernos tienen responsabilidades y los adultos mayores tienen derechos. Estos últimos deberían estar por encima de cualquier diferencia.
ES BUENO RECORDAR QUE…
En Uruguay, las intendencias no tienen una obligación legal general de mantener un hogar de ancianos propio. No existe una disposición nacional que establezca que cada gobierno departamental deba contar necesariamente con un establecimiento de internación permanente para adultos mayores.
La Intendencia de Salto puede resolver que no está en condiciones de mantener un establecimiento de internación permanente y optar por otra modalidad de atención, siempre que garantice que los residentes no queden desprotegidos y que sus derechos sean respetados (lo hace al anunciar que correrá con todos los gastos que implique la internación en hogares privados de los 12 ancianos).
Finalmente decimos que el MSP, ASSE, MIDES, deberían de sumarse a la Intendencia de Salto y resolver entre todos, no sólo la situación actual de estos 12 internos del Hogar de Ancianos, sino contar con un hogar nuevo o el mismo, para futuros internos y darle a los ancianos que necesiten un lugar para vivir.
ARÓN VIERA
