El pago de más de $150 millones de deudas heredadas, de los cuales casi $95 millones llegaron a empresas y proveedores salteños, marca un primer paso concreto en la utilización del fideicomiso aprobado para atender el pasivo municipal, recuperar obligaciones pendientes e impulsar obras. La medida también representa una inyección de liquidez para el comercio y la actividad económica del departamento.
EL COMPROMISO DE CANCELAR DEUDAS
El fideicomiso solicitado por el Gobierno de Salto comienza a mostrar resultados en uno de los terrenos donde su utilización tenía un compromiso explícito, cancelar deudas anteriores y devolverle capacidad de movimiento a una economía local que también había quedado atrapada en los atrasos de la administración municipal.
Los números comunicados por la Intendencia son significativos. En esta primera etapa se abonaron US$ 885.978 y $115.179.798, mediante 174 partidas distribuidas entre 156 empresas. De ese universo, 71 son salteñas, que recibieron aproximadamente $95 millones, equivalentes al 63% de los recursos pagados.
No se trata solamente de una operación contable. Para una empresa que suministró bienes o servicios a la Intendencia y aguardó durante meses —o más tiempo— para cobrar, la cancelación de una deuda significa recuperar liquidez, atender obligaciones, sostener su actividad y, eventualmente, preservar puestos de trabajo. El dinero que ingresa a esas empresas vuelve a circular en el departamento, alimentando una cadena económica que alcanza a trabajadores, proveedores y comercios.
LA PALABRA EMPEÑADA Y EL DESTINO DEL FIDEICOMISO
Hay otro aspecto que merece atención. Cuando la administración de Carlos Albisu promovió el fideicomiso, uno de los argumentos centrales fue la necesidad de ordenar el endeudamiento heredado, regularizar compromisos anteriores y disponer de herramientas para atender necesidades municipales y ejecutar obras.
Por eso, estos primeros pagos tienen una lectura política y administrativa que va más allá de las cifras, comienzan a materializar uno de los destinos anunciados para esos recursos. En otras palabras, el fideicomiso empieza a cumplir una función para la cual fue solicitado.
También es importante que la Intendencia haya informado la apertura de dos cuentas específicas en el BROU, una en pesos y otra en dólares, para separar estos movimientos de los recursos habituales de funcionamiento. La trazabilidad y la posibilidad de fiscalizar cada operación son condiciones indispensables cuando se administran fondos de esta naturaleza.
UN PRIMER CAPITULO, NO EL FINAL DE LA HISTORIA
La administración anunció que en enero comenzará una segunda etapa de pagos, enfocada principalmente en obligaciones financieras, convenios de larga data y otros compromisos heredados, sin dejar de contemplar deudas con proveedores.
Conviene, además, poner los números en su justa dimensión. El propio comunicado establece agosto de 2026 como fecha de corte para delimitar las obligaciones consideradas. Los más de $150 millones informados corresponden a pagos instruidos en esta primera instancia y no representan la totalidad histórica del endeudamiento ni permiten establecer por sí solos cuánto resta por cancelar.
El desafío ahora será sostener el proceso, cumplir las siguientes etapas y demostrar que el fideicomiso no se agota en sanear cuentas, sino que también se traduce en obras, servicios y soluciones concretas para la comunidad.
En definitiva, pagar deudas viejas es también una forma de construir hacia adelante. La confianza de los proveedores, la salud del comercio local y la credibilidad de la administración pública se fortalecen cuando los compromisos asumidos dejan de ser promesas y comienzan a convertirse en hechos. Este primer paso merece ser valorado, sin confundirlo con una tarea concluida, todavía queda camino por recorrer y cuentas por ordenar.
ARÓN VIERA
