Las científicas argentinas Marcela Sangorrín, Virginia Aparicio y Lorena Di Blasi aparecen vinculadas, en el planteo que motiva esta reflexión, a cuestionamientos sobre prácticas agrícolas y posibles riesgos ambientales, el uso de agrotóxicos en forma excesiva y pruebas realziadas por ellas que señalan presencia de residuos tóxicos en el cuerpo humanos en ciudadanos del vecino país.
La experiencia argentina abre interrogantes que Uruguay no debería esquivar. El uso de glifosato y otros productos fitosanitarios exige información pública, investigación independiente y controles rigurosos. ¿Qué sabemos sobre sus efectos y qué están haciendo nuestras autoridades?
La pregunta es inevitable: ¿cuál es la situación de Uruguay? El uso de glifosato y otros fitosanitarios en ambos países vuelve necesario conocer qué investigaciones se realizan, qué residuos se detectan en el agua, el suelo y los alimentos, y cuáles son los resultados de los controles sanitarios y ambientales.
No alcanza con presumir que todo está bajo control, pero tampoco con convertir las sospechas en certezas. Se necesitan datos verificables, estudios independientes y explicaciones claras de los organismos competentes.
Uruguay tiene derecho a saber qué se aplica sobre su tierra y qué garantías existen para quienes la habitan.
