El respaldo que despierta el presidente salvadoreño en distintos sectores de la sociedad uruguaya refleja el cansancio ante la inseguridad y la demanda de respuestas contundentes. Sin embargo, detrás de la eficacia que se le atribuye a su modelo persiste una pregunta esencial: ¿cuánto puede ceder una democracia en nombre del orden?
BUKELE SIN FRONTERAS PARTIDARIAS
La simpatía que genera el método Bukele en Uruguay no puede explicarse únicamente por afinidades ideológicas. Su atractivo atraviesa fronteras partidarias y encuentra terreno fértil en una sociedad preocupada por los homicidios, el avance del microtráfico, la violencia barrial y la percepción de impunidad frente al delito.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele convirtió la seguridad en el principal emblema de su gestión. La drástica reducción de la violencia homicida en El Salvador es presentada por sus defensores como la demostración de que la decisión política y el control estatal pueden modificar realidades que parecían irreversibles. Para una ciudadanía cansada de diagnósticos y promesas, los resultados visibles tienen una fuerza persuasiva difícil de ignorar.
Pero el fenómeno también expresa algo más profundo, la creciente impaciencia social frente a instituciones que muchos consideran lentas o insuficientes. La demanda de autoridad no pertenece exclusivamente a la derecha ni a un sector político determinado; aparece allí donde el miedo cotidiano erosiona la confianza en las respuestas tradicionales del Estado.
Sin embargo, la comparación exige cautela. El Salvador enfrentaba el poder territorial de las pandillas conocidas como maras, mientras que Uruguay presenta una realidad criminal diferente, vinculada, entre otros fenómenos, al narcotráfico, las bandas locales y la violencia urbana. Las soluciones no pueden trasladarse mecánicamente de un país a otro, como si las diferencias históricas, sociales y jurídicas fueran un detalle menor.
A ello se suman las denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones prolongadas de garantías y vulneraciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción salvadoreño. El debate, por tanto, no se limita a medir cuánto disminuye el delito, sino también a establecer qué costos institucionales y humanos puede producir esa reducción.
La atracción por Bukele revela una tensión central de las democracias contemporáneas: la necesidad de garantizar seguridad sin convertir la excepción en regla. Uruguay tiene derecho —y la obligación— de buscar respuestas más eficaces frente al delito. Pero la firmeza del Estado no debería confundirse con la concentración ilimitada del poder. Porque una democracia se prueba tanto en su capacidad de proteger a los ciudadanos como en su decisión de no abandonar las garantías que los protegen del propio Estado.
