La Mesa Coordinadora del Pan y Afines llevó adelante un paro nacional de 24 horas en la rama de las panaderías artesanales como respuesta a una problemática persistente y estructural: denuncias de irregularidades laborales, persecución sindical y, de manera especialmente grave, situaciones de acoso laboral y sexual que afectan mayoritariamente a mujeres trabajadoras.
Lejos de tratarse de episodios aislados, el conflicto —que se manifiesta tanto en Montevideo como en el interior del país, incluido Salto— revela un patrón reiterado en un sector caracterizado por pequeñas unidades productivas donde la cercanía cotidiana entre patrones y empleados deriva, muchas veces, en relaciones de poder desbalanceadas y prácticas abusivas. Las denuncias, realizadas desde hace más de un año ante la Inspección General del Trabajo, dieron lugar incluso a investigaciones judiciales, con al menos un caso de abuso sexual ya comprobado.
Si bien existieron instancias de diálogo y acciones preventivas acordadas con el Centro Industrial de Panaderos, la organización sindical advierte que, en los últimos meses, las prácticas denunciadas recrudecieron. Hoy se contabilizan entre siete y ocho panaderías con denuncias activas, que incluyen trabajo en negro durante años, despidos antisindicales y hostigamiento sistemático.
Más que un conflicto puntual, el paro expone una tensión de fondo entre legalidad y costumbre, entre derechos consagrados y realidades laborales invisibilizadas. En ese sentido, la Mesa no plantea el enfrentamiento como un fin en sí mismo, sino como un llamado ético y político: garantizar condiciones de trabajo dignas, especialmente para las mujeres, y restituir al ámbito laboral aquello que nunca debería perderse —el respeto, la seguridad y la justicia cotidiana.
