El aumento en OSE supera el índice inflacionario previsto y despierta críticas desde la oposición, sectores oficialistas y la ciudadanía, mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para sostener inversiones y equilibrio financiero.
La anunciada suba de las tarifas públicas a partir de enero de 2026 comenzó a generar un clima de desconcierto y debate en distintos niveles del sistema político y en la sociedad. El eje del malestar se centra, principalmente, en el aumento del servicio de agua potable, que estará por encima de la inflación proyectada, un dato que reavivó cuestionamientos sobre el impacto real de estas decisiones en la economía doméstica.
Según lo resuelto por el directorio de OSE, la tarifa del agua tendrá un incremento promedio del 8,5%, casi el doble de la inflación prevista para el próximo año, que ronda el 4,5%. El ente justificó el ajuste en la necesidad de cubrir mayores costos operativos, atender desequilibrios financieros acumulados y sostener inversiones en infraestructura.
En contraste, la tarifa de UTE registrará un aumento menor, del 4%, alineado o incluso levemente por debajo de la inflación estimada. Esta diferencia entre entes públicos es uno de los factores que más desconcierto ha generado, tanto en filas oficialistas como en sectores de la oposición, que cuestionan la falta de una política tarifaria uniforme.
Desde el plano político, comenzaron a escucharse voces críticas que señalan que el aumento del agua impacta de forma directa en los hogares, especialmente en los sectores medios y bajos, y que termina funcionando como un “ajuste silencioso” al bolsillo de los usuarios. En paralelo, desde el oficialismo se argumenta que la medida responde a criterios técnicos y a la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de los servicios públicos sin comprometer su calidad.
El malestar también se trasladó a las redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por el efecto acumulativo de los aumentos en tarifas, alquileres y servicios básicos, en un contexto donde los salarios no siempre acompañan el ritmo de los precios.
UN DEBATE QUE EXCEDE LO ECONÓMICO
Más allá de los porcentajes, la discusión vuelve a instalar una pregunta de fondo, ¿cuál debe ser el rol de las empresas públicas en un contexto de estabilidad macroeconómica pero de presión sobre el ingreso real de la población?
La suba de tarifas reabre un debate histórico en Uruguay, el equilibrio entre eficiencia, inversión, responsabilidad fiscal y sensibilidad social. Mientras el gobierno sostiene que los ajustes son necesarios para garantizar servicios sustentables, parte de la ciudadanía percibe una desconexión entre los números macro y la realidad cotidiana.
En definitiva, el aumento de las tarifas no solo impacta en la factura mensual, sino que también vuelve a poner en agenda una discusión más profunda sobre el modelo de gestión pública, el costo de vida y el delicado vínculo entre el Estado y los ciudadanos en tiempos de incertidumbre económica.
Es un modelo exclusivo para el primer año de gestión o será una constante del período?, eso nos tendrá que explicar las autoridades.
ARÓN VIERA
