La Asociación de Abogados de Salto, encabezada por el Dr. José Luis Camejo, ha expresado su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesan los juzgados de Paz y el Juzgado de Familia en el departamento, debido a la falta de jueces titulares, lo que ha generado graves atrasos en los procesos judiciales. Hoy, a las 08:30 hs., se convocó una concentración pacífica en las puertas de los Juzgados de Paz para informar a la población sobre la problemática y las gestiones realizadas ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para solucionarlo.
El Dr. Camejo destacó que la ausencia de jueces titulares ha generado cuellos de botella, con expedientes paralizados y trámites que no avanzan. La designación de jueces subrogantes, aunque temporal, no ha sido suficiente para abordar el volumen de trabajo. La situación en el Juzgado de Familia también es preocupante, ya que la eliminación de uno de sus juzgados y la redistribución de sus funcionarios ha sobrecargado aún más el sistema, especialmente en áreas como violencia de género. A pesar de las advertencias previas, la SCJ no ha tomado medidas efectivas para aliviar la carga de trabajo.
Además, el Dr. Camejo subrayó las desigualdades regionales que afectan a Salto en comparación con otras zonas del país. Mientras en el sur del país los juzgados cuentan con mejores infraestructuras, personal capacitado y sistemas informáticos avanzados, en Salto los recursos son escasos. Los abogados y funcionarios han tenido que recurrir a donaciones para mantener el funcionamiento básico, y algunos jueces han financiado personalmente el acondicionamiento de las salas. Esta disparidad resalta la falta de atención a las necesidades del norte del país, que, según los profesionales locales, sigue siendo tratado como una región secundaria.
La Asociación de Abogados ha instado a la SCJ a reconsiderar sus decisiones y asignar los recursos necesarios para garantizar un acceso justo y equitativo a la justicia. La concentración de hoy tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la gravedad de esta situación que afecta no solo a los abogados y funcionarios, sino a toda la sociedad.